En un escenario atravesado por errores propios, desgaste económico y un oficialismo nacional que empieza a perder su capital moral, la política misionera busca orden en la experiencia mientras el gobierno de los hermanos Milei expone los límites de un poder que siempre fue temporal.
Mientras la política misionera empieza a reordenarse alrededor de la experiencia para enfrentar un escenario
cada vez más exigente, el gobierno nacional transita el camino inverso: expone sus propias debilidades en el
momento en que más necesitaba sostener su capital político. En ese cruce —entre la necesidad de orden y el
desgaste del poder— se empiezan a definir dos dinámicas que, aunque se desarrollan en planos distintos, responden a una misma lógica: cuando el margen se achica, la política deja de ser discurso y pasa a ser, otra vez, conducción.
En la historia argentina, Juan Manuel de Rosas no fue solo un personaje retratado en Facundo, sino un protagonista
central de su tiempo. Gobernador de Buenos Aires y líder del federalismo, concentró la suma del poder público con
una promesa concreta: restituir el orden en medio de la anarquía. Fue el restaurador de las leyes. Su poder no se
explicó solo por la fuerza, sino por algo más básico: garantizó control cuando todo parecía desbordarse. Esa
lógica —la del que aparece cuando el sistema se desacomoda— hoy vuelve a insinuarse en la política
misionera.
En ese escenario, la figura de Carlos Rovira vuelve a adquirir centralidad. No se trata solo del conductor del
Frente Renovador Neo, sino de alguien a quien, en momentos de tensión, el sistema político vuelve a mirar
para ordenar. En un contexto atravesado por el ajuste nacional y el impacto económico en la provincia, su rol cambia de dimensión.
El movimiento no es casual. La política misionera entra en una fase donde el margen de error se achica. Los recortes desde la Nación aprietan las cuentas y dejan menos espacio para improvisaciones. En ese marco, la necesidad de conducción se vuelve más evidente.
Ahí aparece un dato incómodo para varios: quienes hoy tienen el poder —temporalmente— deberían entender que
no alcanza con ocupar un cargo. Necesitan algo más difícil de construir: experiencia política real. Y ese activo, guste o no, sigue concentrado en Rovira.
Algunos episodios recientes aceleraron ese proceso. No por su complejidad, sino por lo evitables que resultaron. El
caso de Karina “Reina” Acosta en México, con una exposición innecesaria y una frase desafortunada contra
los sectores más vulnerables, dejó expuesta una falta de criterio político básico. No fue un error sofisticado: fue un
error evitable que la eyectó del cargo de directora de Turismo de la provincia.
Algo distinto, pero igual de significativo, ocurre con el escándalo que involucra a Carlos Heppner, ahora ex director de Promoción y Protección de Derechos del Adulto Mayor, en el ministerio de Desarrollo Social. La acusación de encabezar una estafa piramidal, con posibles derivaciones hacia otros funcionarios (incluso se menciona a funcionarios que asumieron en el Poder Ejecutivo hace pocos meses), no solo abre un frente judicial, sino también
político. Porque en esos casos no solo cae el ejecutor: también quedan expuestos los vínculos.
En otro plano, pero dentro de la misma lógica, aparece la situación del diputado nacional Alberto Arrúa, quien preside el bloque Innovación Federal en la Cámara de Diputados. Más allá de la formalidad del cargo, el dato
político no pasa desapercibido: el lugar quedó en manos de un dirigente con menor trayectoria relativa, mientras
que figuras con mayor experiencia, como Oscar Herrera Ahuad, quedaron al margen de esa centralidad.
A eso se suma una decisión que, en términos políticos, abre interrogantes: Arrúa ubicó como compañera de
fórmula a Gabriela Elisabeth Palacio, su pareja, en la lista que encabeza para las internas del Partido Justicialista
previstas para el 19 de abril. No se trata de cuestionar vínculos personales, sino de entender el mensaje que se
construye hacia afuera. En un contexto donde la política empieza a ser observada con mayor exigencia, este tipo de
decisiones no pasan inadvertidas.
Son movimientos distintos, pero con un punto en común: todos evidencian márgenes de error que, en otro contexto,
tal vez hubieran pasado desapercibidos. Hoy no. Hoy cada gesto pesa más. Y en ese escenario, la necesidad de orden deja de ser una consigna para convertirse en una condición. En ese contexto, la figura de Rovira empieza a
leerse de otra manera. No como un actor más dentro del sistema, sino como el punto de equilibrio al que se recurre
cuando el resto pierde estabilidad.
No es una cuestión de nostalgia ni de liderazgo carismático. Es, sobre todo, una cuestión de método.
Rovira no necesita exponerse demasiado para marcar presencia. Su influencia se percibe en las decisiones, en
los cambios, en los límites que empiezan a aparecer.
Ahí se entiende mejor el momento político. No se trata de un corrimiento abrupto ni de una crisis abierta. Es algo
más sutil: un reordenamiento silencioso donde la experiencia empieza a pesar más que la coyuntura.
En términos de poder, eso deja una señal clara. Los que hoy administran la gestión saben que su lugar no es
definitivo. Es transitorio. Y en esa transitoriedad, la necesidad de respaldo político se vuelve central.
La política misionera, además, convive con una presión externa que no controla. El ajuste nacional no solo impacta
en números: condiciona decisiones, acota margen y expone debilidades. En ese escenario, la diferencia entre
gestión y conducción se vuelve más visible.
Por eso el regreso de ciertas lógicas no sorprende. Cuando el contexto se vuelve más complejo, el sistema tiende a
ordenarse alrededor de quienes ya demostraron capacidad de hacerlo. No es una novedad: es una constante que se
reitera a lo largo de la historia y los procesos políticos que consiguieron extenderse en el tiempo.
Y ahí aparece la dimensión más interesante de este momento. No se trata solo de quién gobierna, sino de
quién garantiza que el sistema funcione. Como en los tiempos de Juan Manuel de Rosas, la discusión deja de girar en torno a proyectos o discursos y se vuelve más concreta: quién puede sostener el orden cuando todo empieza a desacomodarse. En Misiones, esa respuesta empieza a tomar forma sin necesidad de decirse en voz alta.
Cuando el poder se vuelve frágil, lo primero que se busca no es cambio, es control. Y en ese terreno, no todos juegan en igualdad de condiciones. Ahí es donde la figura de Carlos Rovira deja de ser una referencia más para convertirse en algo más incómodo: una voz que conviene escuchar. No por lo que dice, sino por lo que anticipa. Ignorarla, en este contexto, no parece una estrategia. Más bien, un riesgo.
La mancha
En política, hay figuras que no funcionan como piezas aisladas, sino como extensiones directas del poder.
Manuel Adorni es una de ellas. No es un funcionario más: es la voz, el tono y, en muchos casos, la síntesis discursiva de Javier Milei. Por eso, cuando su nombre queda envuelto en un escándalo, lo que se pone en juego no es una trayectoria individual, sino la credibilidad de todo el esquema.
La polémica estalló tras conocerse que el funcionario habría adquirido un nuevo departamento en el barrio porteño de Caballito sin que ese bien figure aún en su declaración jurada. El inmueble, ubicado sobre la calle Miró al 500, se suma a otra propiedad en Parque Chacabuco, lo que despierta interrogantes sobre la evolución de su patrimonio desde que asumió en diciembre de 2023. Consultado, Adorni se limitó a responder que “lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida”, una explicación que, lejos de calmar, profundiza la sospecha.
A eso se suma el viaje a Punta del Este en avión privado —que deriva en denuncias judiciales— y la compra de una
vivienda en un country por parte de su esposa, cuya financiación tampoco fue explicada públicamente. El
problema ya no es el hecho aislado, sino la acumulación.
Y en política, la acumulación siempre termina construyendo sentido.
El efecto no tardó en aparecer. Un informe de la consultora Innova deja un dato difícil de relativizar: el 70% de los encuestados cree que Adorni es corrupto. Pero el impacto no se limita a su figura. El 60% considera que el gobierno libertario en su conjunto es corrupto, contra apenas un 30% que lo percibe como honesto. Es un golpe directo al corazón del discurso oficial.
Porque ahí está el núcleo del problema. Este gobierno construye su identidad sobre una base moral rígida: divide,
señala y condena. En ese esquema, el que no coincide no es adversario, es sospechoso. Un economista crítico, un
empresario incómodo o un jubilado que reclama queda rápidamente ubicado del lado equivocado. Esa lógica
funcionó mientras el capital político se sostuvo intacto.
Pero ese capital empieza a erosionarse. El escándalo de Adorni, sumado a otros antecedentes que ya rozaron al
propio entorno presidencial como el caso $Libra, activa una dinámica peligrosa: la vara moral que el oficialismo
utilizó como herramienta de construcción ahora se vuelve en su contra.
Los números empiezan a reflejar ese desgaste. La imagen de Milei se deteriora en un contexto económico adverso:
la valoración negativa alcanza el 59% frente a un 41% positiva, con un núcleo duro de rechazo que supera el
40%. No es un movimiento leve, es un corrimiento más profundo. A eso se suma otro dato igual de sensible: el
55% de los consultados considera que el Gobierno es ineficiente en la administración pública.
La combinación es explosiva. Sospechas de corrupción por un lado, percepción de incapacidad por el otro. Y en el
medio, una economía que no acompaña. Los salarios encabezan las preocupaciones sociales, seguidos por el
aumento de precios y tarifas. El relato del ajuste virtuoso empieza a chocar con una realidad de recesión, caída del
consumo y cierre de industrias.
En ese contexto, el respaldo explícito de los hermanos Milei a Adorni no ordena sino que expone. Porque en un
gobierno que hizo de la superioridad moral su principal activo, no hay margen para convivir con zonas grises. Y
mucho menos para justificarlas.
Hay una regla básica en política: el poder siempre es temporal. Pero el desgaste puede acelerarse cuando se
tocan los cimientos sobre los que se construyó. En este caso, la credibilidad.
Porque un gobierno que convierte cada diferencia en una cuestión moral no puede permitirse una mancha cerca de
la corrupción. No sin pagar un costo. Y ese costo, cuando empieza, rara vez se detiene en el funcionario. Empieza
ahí. Después escala.
Por Sergio Fernández