Irán y Estados Unidos, en una frágil paz. Orbán perdió después de dieciséis años en el poder en Hungría. Incertidumbre con los resultados en Perú.
“Hoy va a morir una civilización”. La amenaza de Donald Trump en la red social de su propiedad daba un tono macabro a una escalada que, el estancamiento de la situación en Ormuz, la resistencia iraní y su despliegue de estrategias asimétricas y de regionalización del conflicto, hacían militarmente casi inevitable y políticamente inconveniente. Triunfó, momentáneamente, la política. Conversaciones de último momento mediadas por Pakistán, el deseo iraní de evitar lo que hubiera sido una rápida destrucción de toda su infraestructura civil –desde puentes hasta generadoras de energía–, evidenciaron las escasas probabilidades de que un movimiento así resolviera rápidamente el conflicto, sino que generaría una respuesta equivalente iraní contra las infraestructuras petroleras y de desalinización de los países del Golfo Pérsico.
Propuestas revoleadas, a medio cocinar pero destinadas a acercar posiciones, y el pedido pakistaní —coordinado con la Casa Blanca— de una pausa de dos semanas dieron lugar, el martes, a una tregua que, al cumplirse su primera semana, aparece sostenida de forma muy precaria, atada apenas a los riesgos económicos y humanitarios ligados a la reanudación de las hostilidades.
La mediación de Pakistán abrió un canal inédito en la relación entre Washington y Teherán que entablaron negociaciones directas, cara a cara y de alto nivel. La delegación estadounidense, encabezada no ya por los enviados especiales de Trump, sino por el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, y la iraní, cuya cabeza fue el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Ghalibaf, acompañado del ministro de relaciones exteriores y la principal figura del órgano de seguridad nacional, dieron cuenta de una intención de entablar negociaciones serias y conducentes para encontrar acuerdos de carácter definitivo. La cantidad de cuestiones pendientes y las dificultades de la negociación, con todo, volvían compleja la posibilidad de un acuerdo rápido.
Los reportes dan cuenta de acercamientos en distintos puntos, que no fueron suficientes para anunciar un acuerdo definitivo. La retirada de la delegación estadounidense, que el vicepresidente Vance atribuyó a la cuestión nuclear, no debería ser vista como una ruptura. La guerra no se retomó inmediatamente en su punto de partida. Bien leído, es señal de conversaciones en curso.
El riesgo para esas conversaciones, sin embargo, radica en las percepciones conflictivas de las partes, que encaran la tregua igual que las hostilidades, como un juego de resistencia que enfrenta las percepciones de unos y otros. Irán cree que está ganando. Que haber evitado el cambio de régimen, haber generado una brutal disrupción en los mercados petroleros globales y haber trasladado la guerra a la región, mostrando su capacidad de condicionar a sus vecinos le da las mejores cartas si el conflicto fuera a reanudarse. ¿Por qué otorgaría en una mesa de negociación aquello que no cedió en el campo de batalla?
Desde la perspectiva estadounidense, la ventaja en términos de fuerza bruta es abrumadora, y un Irán militarmente degradado —incapaz de causar daños materiales significativos a Estados Unidos y cuyo liderazgo ha sido diezmado por decenas de asesinatos durante el conflicto— debería estar ansioso por un acuerdo.
En ese marco, la tregua es, por definición, frágil. Los canales de diálogo técnicos aparecen subordinados a la falta de una definición política clara sobre quién y qué se gana y qué se cede, lo que lleva a mediciones de fuerzas constantes en las que cualquier error de cálculo puede desatar una nueva espiralización. Lo que vimos en los últimos días –respuestas limitadas, calibradas– es un intento de administrar esos riesgos para generar ventajas negociadoras.
El caso de Ormuz es el más evidente. Hezbollah es parte fundamental de la arquitectura regional iraní. Preservarlo como actor dominante en el sur del Líbano y evitar que el cierre del conflicto deje de lado a Irán y Hezbollah y quede en manos del gobierno central libanés es un interés relevante. Pero es muy difícil no ver en la exigencia de que el cese de fuego cubra también al Líbano, más allá de cualquier cuestión de comunicación entre las partes, un intento de sostener ventajas de posicionamiento al mantener el control sobre el estrecho de Ormuz mientras se llevan adelante las negociaciones.
La disrupción de los mercados petroleros golpea al corazón del trumpismo, en los surtidores estadounidenses. La respuesta de los Estados Unidos, que anunciaron su propio bloqueo del estrecho para evitar el pago de peajes y el control iraní, es un intento de contrarrestar ese movimiento sin escalar hacia una acción bélica de mayor contundencia, mientras Israel presiona para retomar la guerra y aumentar así la presión sobre Irán.
En este contexto, la retomada de las hostilidades duras puede regresar incluso sin necesidad de una decisión estratégica. Los bloqueos son considerados, en tiempos normales, como actos de guerra, aunque sea habitual que –como sucede hoy en Cuba– queden sin respuestas cuando las alternativas son peores.
Para Trump, volver a los bombardeos implicaría aumentar los costos internos de una guerra que prácticamente toda la oposición y no pocos de sus ¿antiguos? partidarios consideran carente de sentido para los intereses estadounidenses. Conceder, en cambio, le supondría problemas de otra índole.
Poner a Ormuz bajo control iraní resultaría muy complejo para la navegación comercial global, ya que esa conducta podría ser fácilmente imitada por otros Estados costeros en pasos estratégicos. La libertad de navegación global es, desde hace más de un siglo, un bien público que ha interesado a las potencias. Las empresas petroleras, los países vecinos y los consumidores petroleros estarán presionando contra un acuerdo que reconozca esta clase de derechos. El otro riesgo es coyuntural y más mezquino. La negociación requiere además de que Trump pueda mostrar algún logro político. El programa de misiles es demasiado importante para la estrategia de seguridad iraní, por lo que difícilmente sea cedido o disminuido voluntariamente más allá del daño militar que ya recibió.
¿Alcanzará una negociación sobre el programa nuclear a cambio de un levantamiento de sanciones? Sería un curioso regreso a donde estaban las cosas en tiempos de Barak Obama, antes de que Trump volara por los aires unilateralmente un acuerdo que ya se estaba cumpliendo.
Hungría y un cross de derecha a la ultraderecha global
Hungría difícilmente pueda reflejar –por su población o su peso económico– el interés que suscitaron las elecciones generales que, tras dieciséis años, pusieron fin al gobierno de Viktor Orbán, una figura de exportación, vista como un modelo para las nuevas derechas en todo occidente.
Orbán construyó un esquema de poder que combinó un hondo conservadurismo cultural y un fuerte discurso contra la inmigración con el control progresivo de instituciones y una relación de tensión constante con las instituciones liberales y las reglas de la Unión Europea, con las que sin embargo nunca terminó de romper. Ese modelo de radicalización y éxito electoral fue observado con interés por los ideólogos de las derechas radicales de occidente, como Steve Bannon y abrazado por sus dirigentes.
La derrota, y su amplitud, introduce una fisura en una narrativa que venía acumulando triunfos. La presencia de JD Vance en Budapest, en respaldo de la candidatura de Orbán, antes de partir hacia Pakistán, muestra hasta qué punto Hungría se había convertido en un nodo simbólico para ese espacio político.
La derrota de Orbán tiene un efecto paradójico sobre un proceso al que siempre se le cuestionó pararse en el límite de las reglas democráticas, tanto por su rápida aceptación de la derrota, como por el hecho de que se produjera con la naturalidad que anticipaban las encuestas.
A lo largo de sus 16 años en el poder, Orbán intervino sobre medios de comunicación, limitó la acción de ONGs, presionó a universidades independientes y avanzó sobre el Poder Judicial, aunque evitó en todo momento cruzar líneas que activaran sanciones irreversibles de Bruselas. Una captura del Estado en cámara lenta, cuidadosamente medida que, mientras la economía crecía, no tuvo costos electorales visibles. La oposición, fragmentada y asociada a élites impopulares, acusadas de corruptas y alejadas de los valores sociales del país profundo, lejos de Budapest, no logró construir alternativas competitivas. Orbán ganó elección tras elección consolidando una hegemonía que superó en distintos momentos desafíos de oposiciones divididas y unificadas, cuyas terminales siempre parecían estar afuera.
Desde su último triunfo, sin embargo, el desgaste pasó factura. La economía húngara, como la de buena parte de Europa, sintió el impacto de la post pandemia. Crecimiento de la inflación, desaceleración de la economía, y deterioro del poder adquisitivo. A eso se sumaron los escándalos de corrupción propios del gobierno, y episodios políticamente costosos, como el indulto a una figura vinculada al encubrimiento de abusos sexuales en una institución para niños, que generó un terremoto político incluso dentro de su base.
En el plano internacional, su cercanía relativa a Vladimir Putin, en el contexto de la guerra en Ucrania lo volvió un interlocutor cada vez más incómodo para el resto de Europa. Con el repliegue de la posición estadounidense en Ucrania desde la llegada de Trump, la cohesión interna de la Unión Europea pasó a ser más relevante para asistir al gobierno de Volodímir Zelenski, y las disidencias de Hungría se volvieron menos tolerables.
Su antagonista, Peter Magyar, también es una figura singular. No se trata de un típico emergente de la oposición liberal, progresista o conservadora, sino de un exmiembro de Fidesz, el partido oficialista. Magyar construyó su candidatura a partir de su ruptura con el oficialismo, tras el escándalo del indulto, sin marcar giros doctrinarios. Tampoco se acumuló con los partidos opositores. Tisza, su partido, es una pequeña estructura rescatada en torno a su persona, y su propuesta no implica un quiebre radical con el conservadurismo de Orbán en temas culturales o migratorios.
Magyar se ofreció como una versión del conservadurismo pulido, proeuropea y atlantista, deslindada de los lastres de Orbán a sus partidarios desilusionados y como una alternativa de poder real para sus opositores, sin polarizar con los valores de la mayoría social húngara.
El resultado es un gobierno con una mayoría parlamentaria abrumadora, que le permitiría llevar a cabo incluso reformas constitucionales. Un instrumento que Orbán utilizó para consolidar su poder y moldear las instituciones, y que Magyar podría usar, o no, para desarmar parte de ese andamiaje. No está claro que el nuevo ocupante del palacio de gobierno vaya a ceder voluntariamente un poder que construyó, como ningún otro opositor, en las urnas. Pero pase lo que pase puertas adentro, el impacto de la elección trasciende Hungría.
Es un golpe simbólico para las derechas duras de occidente. Un ejemplo de gobierno que destacaron desde Javier Milei y Jair Bolsonaro hasta Donald Trump y Marine Le Pen. Para la Unión Europea, se trata de un triunfo político concreto, el primero en mucho tiempo. Hungría dejará de ser un disidente interno en cuestiones como las sanciones a Rusia o la asistencia militar a Ucrania, y no será una piedra en el zapato para las normas de integración a nivel comunitario, en términos institucionales, económicos y sociales. Un curioso triunfo del liberalismo político, en cabeza de un conservador personalista.
Perú, donde lo único estable es el desorden
Si algo le faltaba a Perú para consolidar su imagen de descontrol político, la elección de ayer —que sólo cerrará definitivamente hoy por la tarde— terminó de reforzar esa percepción, en un contexto de persistente crisis institucional: los últimos presidentes electos —y sus vices— fueron destituidos por el Congreso, y varios de sus antecesores en la presidencia fueron acusados y condenados por corrupción. El Congreso, por su parte, enfrenta también índices paupérrimos de legitimidad social. Se trata de un sistema en el que apenas el Banco Central mantiene autoridad y donde la política se percibe más como un campo de disputa permanente, alejado de la población, que como un mecanismo de gobierno. No extraña que el resultado de la primera vuelta presidencial carezca de definiciones.
Aún sin claridad sobre los resultados definitivos, es claro que Keiko Fujimori ocupará el primer lugar, pero lo hará con menos del 17% de los votos. Es su cuarta candidatura presidencial, después de tres derrotas en segunda vuelta, todas por márgenes sumamente estrechos en elecciones marcadas por la sombra de su padre, y su legado de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que le pusieron techo a sus aspiraciones. En un escenario de fragmentación extrema, podría estar ante su mejor oportunidad de quebrar la racha.
La elección estuvo atravesada por la proliferación de candidaturas personales y discursos antisistema. Desde el ultraconservador López Aliaga, un católico recalcitrante que se reclama célibe y cuenta que se flagela, hasta figuras de tinte más centrista como Jorge Nieto o Ricardo Belmont, dominan los candidatos sin compromisos partidarios. Apenas el fujimorismo y el espacio del depuesto Pedro Castillo presentaron referencias identitarias vagamente reconocibles. Por lo demás, predominaron vehículos electorales y propuestas vagas, que buscaron vencer el desinterés ciudadano. Una receta para otra gestión con muchas dificultades para producir mayorías estables.
A la deslegitimación de los candidatos se sumó como novedad la de la propia jornada electoral. Dificultades en la apertura de mesas, con algunas que no lo hicieron, demoras en el proceso y la extensión de la votación más allá del horario previsto generaron dudas sobre la transparencia del comicio, que serán agigantadas por los candidatos derrotados. Sin embargo, tanto para los observadores locales como los reportes internacionales coinciden en que las irregularidades parecen responder más a debilidades organizativas que a un intento sistemático de fraude. El problema no es la manipulación electoral, sino la incapacidad del Estado para garantizar un proceso básico como una elección presidencial.
La segunda vuelta, en ese contexto, es incierta. Si bien el conteo rápido de Datum indica que Fujimori enfrentará a López Aliaga, la estrechez de las diferencias con otros candidatos en el segundo lugar impide afirmarlo con certeza. En la izquierda todavía esperaban que Roberto Sánchez, partidario de Castillo, accediera a segunda vuelta.
Quién sea, probablemente llegue con menos del 15% de los votos. Sumados al 17% de Keiko, la legitimidad de origen de quien triunfe será débil. En este escenario, Fujimori podría, paradójicamente, revertir lo que fue su lastre en el pasado; la herencia del dictador podría presentarse como una memoria de gobernabilidad, estabilidad y control en un país donde la presidencia parece haberse vuelto efímera y simbólica. En un Perú donde la política busca evitar el colapso, cualquier imagen de control puede marcar una diferencia significativa.
Por Martín Schapiro-Cenital