Un tribunal que no tutela derechos
Horacio Rosatti despotricó contra la politización de la justicia que dilata la puesta en marcha de programas económicos. Dentro y fuera de la Corte, lo escucharon como un mensaje de cortesía al Presidente. La preocupación de juristas y activistas frente a un Poder Judicial que no marca límites al poder.
Horacio Rosatti usó un congreso económico para despotricar contra la judicialización de la política y decir que esta práctica dilata la puesta en marcha de un programa económico, en lo que se leyó como un gesto de cortesía hacia el Gobierno de Javier Milei. Los supremos, expertos en la politización de la justicia, están enfrascados en sus propias guerras internas de poder mientras dejan pasar el tiempo sin resolver los grandes temas que están en sus despachos –entre los que se encuentra la reforma laboral, que es impugnada por la Confederación General del Trabajo (CGT).
Rosatti estuvo el martes pasado en la ExpoEFI, un encuentro sobre economía, finanzas e inversiones. En su calidad de presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, reeditó uno de sus mensajes contra la judicialización de la política, que se inserta en un contexto de fuerte avance de La Libertad Avanza (LLA).
“Los debates en la Argentina no se clausuran en el circuito político, siempre buscan la judicialización y, dentro del sistema judicial, buscan llegar a la cima de la pirámide, es decir a la palabra de la Corte”, diagnosticó el cortesano. Lo más nítido en clave política fue lo que siguió cuando dijo que la politización “no contribuye a generar estabilidad o, por lo menos, dilata temporalmente mucho el punto de partida para llevar adelante un programa, una política, un sistema de transformación de la economía o de la macroeconomía”.
Dentro de la propia Corte, el discurso se leyó como un guiño hacia el Poder Ejecutivo frente a la reforma laboral –que viene siendo la madre de todas las batallas judiciales–. En su estrategia en múltiples frentes, el Gobierno había llevado la discusión a la Corte con un per saltum. Lo hizo antes de conseguir que la propia Cámara Nacional del Trabajo (CNT) suspendiera la cautelar que frenaba más de 80 artículos de la reforma o de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo reclamara la competencia para dirimir el tema.
En la Corte no parece haber premura en discutir la reforma laboral. El tema está en la vocalía de Carlos Rosenkrantz desde el 23 de abril.
En la CGT dicen que la postura de Rosatti no necesariamente representa a la totalidad de los integrantes del máximo tribunal.
Jueces que no tutelan derechos
Los dichos de Rosatti generaron alarma en distintos sectores porque aparece, una vez más, una Corte sin voluntad de proteger derechos, y más volcada a los vaivenes de los tiempos políticos.
La Corte tiene, además del per saltum sobre la reforma laboral, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que nunca examinó. Se espera que, en las próximas semanas, reciba también el cuestionamiento al llamado protocolo antipiquetes con el que Patricia Bullrich manejó la calle durante los primeros meses del Gobierno de Javier Milei. Hoy, es la herramienta que emplea su sucesora, Alejandra Monteoliva.
La afirmación de Rosatti, remarcan en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ni siquiera contempla que muchas veces las normas que se impugnan son DNU, que no fueron debatidos en el Congreso. “Que sea el Poder Judicial quien resuelva estas cuestiones es clave, si se tiene en cuenta que solo las autoridades del Congreso son quienes pueden determinar los límites o alcances de nuestros derechos”, explica Diego Morales, director de Litigio del organismo.
Hay otras leyes que tienen déficits de deliberación parlamentaria. Es decir, que se aprueban a las apuradas o sin escuchar a los interesados, como pasó con la Ley de Glaciares o la reforma laboral –que se votó durante las sesiones extraordinarias–. “El rol de los jueces en estos casos es clave para asegurar los derechos de aquellos a los que la Constitución les asegura una tutela preferente, o para ser custodios de las reglas que garantizan el dictado de leyes formales a través de procesos constitucionales previstos de modo tal que todos podamos comprender y discutir los alcances de estas reformas. No puede ser que solo podamos discutir de manera judicial cuando las consecuencias de aquellas reformas ocurran. En esto la Corte Suprema en particular y el Poder Judicial en general tienen una responsabilidad significativa”, resalta Morales.
“En todo caso, si el Poder Judicial quiere tener alguna deferencia con el Poder Ejecutivo como anuncia el presidente de la Corte Suprema, tiene la obligación de ser muy estricto en garantizar las reglas de la Constitución para el dictado de normas o prácticas, las que no pueden afectar el sistema de derechos que la Constitución organiza para aquellos sobre los que existe una particular preocupación constitucional”, añade el directivo del CELS.
El presidente de la Corte reniega de la judicialización de la política mientras la Corte no hace nada por mostrar transparencia: no hay audiencias públicas ni informa cuál será su agenda de casos relevantes a lo largo del tiempo. Juega con los trascendidos y con los momentos políticos.
“Hay una manera de intervenir que es dejar correr las decisiones que son claramente inconstitucionales del Gobierno, como el DNU 70/2023 –que deroga la ley de alquileres y cambia muchísimas normas. Cuando los integrantes de la Corte deciden no intervenir y dejar en vigencia normas antipopulares –como la reforma laboral– también están legislando y colaborando con un Gobierno que va en contra de las mayorías”, opina, por su parte, Myriam Bregman, diputada nacional del FIT y presidenta del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh).
Para el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, las palabras del presidente de la Corte representan una “abdicación total de la función encomendada a los jueces y las juezas por el pueblo argentino y la comunidad internacional”. En esa línea, los dichos del titular de la Corte y del Consejo tienen un efecto institucional performativo. “Funcionan como una señal, un mensaje o un ajuste irrazonable dirigido a los jueces y las juezas sobre cómo deberían actuar frente a causas donde se discuten reformas económicas que afectan derechos fundamentales y derechos humanos”.
La interna de la interna
A diferencia de lo que sucedía años atrás, Rosatti habla y no se arroga la representación de la Corte. Son solo tres los integrantes, y las internas están a la orden del día. Algo parece haber cambiado en los últimos meses al resquebrajarse el vínculo estrecho entre Rosatti y Rosenkrantz.
La exteriorización del conflicto interno se produjo a fines de marzo, cuando Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron la acordada 4/2026 que proponía un proyecto para mejorar los procesos de selección de jueces y juezas que se dan en el Consejo de la Magistratura, el órgano que dirige Rosatti.
El 30 de marzo se presentó en sociedad el proyecto. Ese mismo día, el Gobierno mandó el pliego de Emilio Rosatti, hijo del titular de la Corte, para convertirse en juez de un tribunal oral de Santa Fe. Rosatti Junior había entrado en la terna gracias a la entrevista personal –que es justamente el elemento que Rosenkrantz y Lorenzetti buscan regular para que no permita movimientos discrecionales en el orden de mérito.
En la Corte sostienen que las tensiones entre Rosatti y Rosenkrantz no datan de este año, sino del año pasado. En diciembre de 2025, Rosenkrantz salió a desmentir un artículo del diario La Nación que decía que la mira del máximo tribunal estaba en las causas de corrupción. En el Palacio de Talcahuano entendían que la versión había salido de la vocalía del presidente supremo. “El deber de imparcialidad, la virtud institucional cardinal de la judicatura impide que me conduzca en los términos consignados”, se despegó Rosenkrantz.
Si algo les faltaba a las rivalidades internas entre los tres moradores del cuarto piso del Palacio de Justicia eran los tuits de Santiago Caputo. El asesor presidencial salió al cruce de Rosatti en X después de su discurso en ExpoEFI. “Podría haberse acordado antes y no cuando quedó en minoría y necesita quedar bien para que no se lo lleven puesto”, escribió. Unos días antes le había apuntado a Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte, a quien le atribuyó hacer operaciones “para ensuciar a la mayoría de la Corte Suprema” y se preguntó quién está detrás.
Una lectura en los tribunales es que el consejero del Presidente busca trasladar la interna de la Casa Rosada a la Corte. En el Gobierno, las aguas están divididas entre quienes responden a Caputo y quienes se alinean con Karina Milei y los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem.
A Rosatti lo anotan dentro de las filas de la hermana del Presidente. Caputo procura mostrarse como el protector de Lorenzetti y Rosenkrantz. En la Corte, como en Comodoro Py, lo leen como un intento de demostrar poder cuando viene perdiendo la partida.
El Gobierno, por el momento, no tiene intenciones de completar la Corte, tal como hizo saber Juan Bautista Mahiques al llegar al Ministerio de Justicia. Rosenkrantz y Lorenzetti procuran dejar atrás un pasado de peleas abiertas y cartas públicas con acusaciones cruzadas, sobre todo después de la alianza que desbancó al santafesino de la presidencia de la Corte en septiembre de 2018.
La pregunta es si ese vínculo revitalizado podría significar un peligro para la continuidad de la presidencia de Rosatti. La respuesta es que “por el momento, no”. Sin embargo, remarcan que quieren ver cómo se mueve con el reglamento para la selección de jueces en el Consejo de la Magistratura. “Si está ahí es en calidad de presidente de la Corte, no está por sí mismo”, deslizan.
Por Luciana Bertoia - P/12