El reciente anuncio sobre la eliminación de la llamada “aduana paralela” en Misiones no puede analizarse sin contexto. Es, en todo caso, un reconocimiento tardío de algo que desde hace años venimos señalando: el esquema de retenciones y controles aplicado en la provincia es excesivo, distorsivo y profundamente perjudicial para la actividad económica.
Durante años, las cámaras empresariales, los comerciantes, los productores y quienes trabajamos en estos temas advertimos lo mismo: no se puede construir desarrollo sobre la base de retener compulsivamente y sin criterios claros. Hoy, el propio gobierno provincial parece admitirlo. Pero lo hace a medias.
Porque la medida, tal como fue anunciada, se queda corta. El impacto fiscal de esta decisión es menor. Y ahí está la clave política del anuncio: se alivia a quienes aportan poco en términos de recaudación, pero se mantiene intacta la presión sobre los grandes contribuyentes. Es una jugada astuta, pero insuficiente. Se mejora la percepción sin modificar el corazón del problema.
Porque el problema sigue ahí.
Misiones continúa teniendo uno de los regímenes de retenciones más altos del país. No hay límites claros, no hay segmentación efectiva ni registros transparentes de sujetos excluidos. Se retiene a cualquiera que haya tenido alguna operatoria vinculada a la provincia. El sistema sigue funcionando bajo una lógica de sospecha permanente.
A eso se suma una estructura de Ingresos Brutos que no ha cambiado. Alícuotas que en algunos casos llegan al 4,5%. Un esquema donde cuanto más vendés, más te castigan. Un impuesto que no distingue rentabilidad, sino volumen. Y que termina siendo, en muchos casos, directamente confiscatorio.
Pero hay más.
Misiones cobra hasta 12 meses de Ingresos Brutos por adelantado, cuando en la mayoría de las provincias ese anticipo oscila entre 3 y 4 meses. Es un desfasaje difícil de justificar desde cualquier lógica económica razonable.
Y hay un punto aún más preocupante: los saldos a favor generados por retenciones indebidas.
En la práctica, esos créditos casi nunca se devuelven. Cuando un contribuyente intenta reclamarlos, lo primero que ocurre es la apertura de inspecciones y revisiones hacia atrás, muchas veces con años de retroactividad. Ese mecanismo no es neutro: genera temor, desalienta los reclamos y termina consolidando un esquema donde lo que debería devolverse queda en manos del Estado.
No es casualidad que en foros económicos y espacios de análisis tributario, Misiones aparezca sistemáticamente como un ejemplo de impuestos distorsivos. Lo que para algunos es una herramienta de recaudación, para otros —los que invierten, producen y generan empleo— es un costo que desalienta, expulsa o directamente impide crecer.
Por eso, más que un cambio estructural, este anuncio parece una admisión. Una admisión de que durante años se aplicó un esquema de retenciones compulsivas que generó daño. Que afectó la competitividad, encareció costos y deterioró el clima de inversión.
Pero si ese diagnóstico es correcto, la respuesta no puede ser parcial.
Eliminar la aduana paralela sin revisar el sistema integral es apenas mover una pieza en un tablero que sigue igual. Porque el régimen de retenciones continúa. Porque no hay cambios en SIRCREB. Porque las alícuotas siguen siendo altas. Porque los anticipos siguen siendo excesivos.
En definitiva, porque la presión fiscal sigue siendo la misma.
Misiones necesita una reforma tributaria en serio. Que dé previsibilidad, que reduzca la discrecionalidad y que garantice algo básico: que el Estado no se quede con recursos que no le corresponden.
Lo anunciado es un paso. Pero claramente no alcanza.
Y cuando se trata de la competitividad de una provincia y del futuro de su sector productivo, quedarse a mitad de camino no es una opción.
Por Ariel "Pepe" Pianesi-Presidente UCR Misiones