El arquitecto que trabajó en la vivienda de un funcionario nacional regresó al tribunal y llevó nuevas facturas y mensajes como respaldo
El contratista Matías Tabar se presentó este viernes de manera espontánea ante la Justicia Federal. Su objetivo: ampliar su declaración en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que investiga al vocero presidencial Manuel Adorni.
Tabar llevó más documentación para respaldar sus dichos. Facturas, remitos y capturas de pantalla de chats con proveedores fueron incorporados al expediente que tramita en Comodoro Py.
El arquitecto ratificó ante el fiscal Gerardo Pollicita los datos centrales de su primera declaración. Confirmó que el monto total de la refacción en la casa del country Indio Cuá fue de u$s245.000.
También volvió a sostener que Adorni le pagó todo en efectivo. Sin factura de por medio. La modalidad de pago al contado y sin documentación respaldatoria es uno de los puntos que más llama la atención de los investigadores federales.
Qué pruebas nuevas aportó el contratista esta semana
La presentación de Tabar este viernes fue espontánea. No hubo citación judicial previa. El arquitecto compareció por decisión propia para sumar elementos al caso.
Entre los documentos presentados figuran copias de los mensajes intercambiados con proveedores. El objetivo es demostrar cómo se negociaron y cerraron los distintos trabajos en la propiedad del funcionario.
También agregó remitos y facturas vinculados a materiales y mano de obra. Toda esa documentación quedó incorporada al expediente que maneja el fiscal Pollicita.
En sede judicial recibieron el material, firmaron el acta correspondiente y Tabar se retiró sin hacer declaraciones a la prensa. La estrategia del contratista parece apuntar a blindar su versión con documentación concreta.
Cuánto cobró el arquitecto y cómo fue el pago de Adorni
La primera declaración de Tabar, hace dos semanas, puso números concretos sobre la mesa. El arquitecto detalló que los trabajos de refacción costaron u$s245.000 en total.
Ese monto se abonó en dos etapas diferenciadas. La primera entrega fue de u$s55.000 durante 2024. La segunda, mucho más voluminosa, alcanzó los u$s190.000 en 2025.
Tabar sostuvo que todo se pagó en dólares y en efectivo. No hubo transferencias bancarias ni comprobantes oficiales. La ausencia de facturación formal es clave en la investigación, porque dificulta rastrear el origen de los fondos que Adorni usó para pagar
El contratista es socio del grupo Alta Arquitectura. Trabajó en la vivienda ubicada en el country Indio Cuá, donde Adorni y su esposa Bettina Angeletti se mudaron a fines de 2024.
El dato que complica el expediente inmobiliario de Adorni
La casa en cuestión fue adquirida por el matrimonio Adorni-Angeletti a fines del año pasado. La escritura se firmó el 15 de noviembre de 2024 ante la escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster.
Pero hay un detalle que llamó la atención de los investigadores. El inmueble aún no figura registrado a nombre del vocero presidencial. Continúa bajo la titularidad del anterior propietario, Juan Ernesto Cosentino.
Esa irregularidad administrativa suma un elemento más a la causa judicial. La fiscalía busca reconstruir cómo Adorni financió la compra y las obras, considerando que sus ingresos declarados no alcanzarían para cubrir esos gastos.
La investigación se centra en presuntas inconsistencias patrimoniales vinculadas tanto a la adquisición como a las refacciones de la vivienda.
Qué pasó después de que el caso se hiciera público
Tabar también relató ante la Justicia un episodio posterior a que el caso trascendiera en los medios. Según su declaración, Adorni se comunicó con él mediante mensajes temporales de WhatsApp.
El jefe de Gabinete le manifestó que necesitaba hablar. Posteriormente mantuvieron una conversación telefónica que el arquitecto detalló ante el juez Pollicita.
El contratista sostuvo que el funcionario le ofreció ayuda. También la posibilidad de que integrantes de su equipo lo contactaran para asistirlo respecto de su declaración judicial.
Tabar afirmó que inicialmente evaluó esa propuesta. Sin embargo, después decidió rechazarla tras recibir asesoramiento legal. El objetivo era evitar interpretaciones sobre una posible estrategia conjunta entre ambos que pudiera afectar la credibilidad de su testimonio.
La fiscalía le había requerido previamente que presentara contratos, presupuestos y comprobantes. También se le pidió un listado del personal que trabajó en la obra y el detalle final de los montos abonados.
Entre los trabajadores figuran albañiles, electricistas y plomeros. Tabar aportó el contenido de su teléfono celular, incluyendo contactos y detalles de las personas que participaron en los trabajos de refacción en Indio Cuá.
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