El subsecretario de Asuntos Yerbateros del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, Ricardo Maciel, advirtió que la desregulación del mercado yerbatero está profundizando las dificultades económicas de los productores y podría desencadenar un nuevo proceso de concentración de la actividad, similar al registrado durante la década de 1990.
A través de un análisis sobre la situación del sector, el funcionario provincial cuestionó las consecuencias de la eliminación de las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), dispuesta mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, y planteó la necesidad de recuperar mecanismos que permitan equilibrar las relaciones comerciales entre los diferentes eslabones de la cadena.
Uno de los principales cuestionamientos de Maciel apunta al argumento de la supuesta sobreoferta de materia prima, utilizado por algunos sectores para explicar la caída de los precios que reciben los productores.
Según sostuvo, los datos históricos de cosecha no permiten atribuir la crisis actual exclusivamente a un exceso de producción, sino que ponen en evidencia las diferencias de poder de negociación entre productores e industrias.
Precios por debajo de los costos de producción
El funcionario expuso que actualmente el kilogramo de hoja verde se paga alrededor de $285, mientras que el costo de producción se estima en $470, lo que representa una diferencia negativa de $185 por kilogramo para el productor.
Esta situación se agrava por el incremento de los costos operativos, especialmente los combustibles, la mano de obra y el financiamiento.
Como ejemplo, Maciel señaló que en diciembre de 2023, cuando el INYM todavía conservaba sus facultades de fijación de precios, la hoja verde se comercializaba a $400 por kilogramo y el litro de gasoil costaba aproximadamente $360.
En contraste, indicó que actualmente el combustible alcanza los $2.500 por litro, mientras que el valor recibido por los yerbateros se ubica incluso por debajo del registrado casi tres años atrás.
A este escenario se suman los aumentos de los costos laborales contemplados en el Convenio de Corresponsabilidad Gremial (CCG) y las elevadas tasas de interés, que dificultan el acceso al crédito para sostener la actividad.
En ese contexto, advirtió que, de mantenerse las condiciones actuales, la zafra de 2027 podría comenzar con precios similares o incluso inferiores a los de cuatro años antes, pese al fuerte incremento de los costos productivos.
Cuestionamientos al argumento de la sobreoferta
Maciel también puso en discusión la explicación de que los bajos precios responden a un exceso de hoja verde disponible en el mercado.
Para fundamentar su posición, recordó que entre 2015 y 2023 las cosechas se mantuvieron relativamente estables, con volúmenes que oscilaron entre 810 y 880 millones de kilogramos anuales.
En 2024 se registró un máximo de 970 millones de kilogramos, mientras que durante 2025 la producción regresó a sus niveles históricos. Según los datos citados por el funcionario, la zafra gruesa de 2026 cerró con 818 millones de kilogramos.
En paralelo, señaló que el mercado interno y las exportaciones demandan alrededor de 325 millones de kilogramos de yerba mate elaborada por año, cuya producción requiere aproximadamente 975 millones de kilogramos de hoja verde.
A partir de esta relación, consideró que la caída de los precios no puede explicarse únicamente por la disponibilidad de materia prima.
“Si efectivamente existiera sobreoferta, ¿por qué el consumidor no obtiene un beneficio equivalente mediante precios más bajos?”, planteó el funcionario.
En su análisis, sostuvo que el problema central está relacionado con la capacidad de las grandes empresas para establecer las condiciones comerciales en un mercado donde los productores tienen un margen limitado de negociación.
El riesgo de repetir la crisis de los años noventa
El subsecretario recordó que la actividad yerbatera atravesó una situación similar después de la eliminación de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM), a comienzos de la década de 1990.
Durante ese período, la ausencia de herramientas regulatorias y estadísticas oficiales dificultó el funcionamiento de las mesas de concertación de precios y derivó, según su evaluación, en la salida de numerosos pequeños productores.
Maciel mencionó que incluso se llegó a impulsar un subsidio para que los agricultores con hasta cinco hectáreas dejaran de cosechar, mientras que a comienzos de los años 2000 se propuso reconvertir a unos 8.000 pequeños yerbateros hacia otras actividades agropecuarias.
A su entender, aquellas medidas partían de la premisa de que la reducción del número de productores permitiría corregir los desequilibrios del mercado.
Sin embargo, advirtió que las consecuencias fueron una mayor concentración económica y el debilitamiento de los establecimientos familiares.
En ese sentido, consideró que la situación actual podría conducir a un proceso semejante, con consecuencias no solamente para los productores, sino también para los pequeños y medianos secaderos, las industrias y las cooperativas.
El antecedente de la creación del INYM
Para fundamentar su planteo, Maciel recordó la crisis yerbatera de 2001 y 2002, cuando el kilogramo de hoja verde llegó a pagarse apenas dos centavos, mientras que los productores reclamaban un mínimo de 16 centavos.
Con la creación del INYM, el escenario comenzó a modificarse.
En agosto de 2002, el Directorio del organismo acordó por unanimidad establecer un precio de 13,5 centavos por kilogramo, considerablemente superior al valor que se pagaba hasta ese momento.
Desde entonces, los precios mínimos se definieron semestralmente mediante acuerdos sectoriales o arbitrajes de la Secretaría de Agricultura de la Nación.
Maciel destacó que, a diferencia de la antigua CRYM, donde el Estado establecía los valores, el INYM funcionaba como un espacio de negociación entre representantes de los distintos sectores de la cadena yerbatera.
Por ese motivo, rechazó que los precios mínimos constituyeran una imposición política y defendió el mecanismo como una herramienta para equilibrar las relaciones comerciales.
El poder de las grandes industrias y la importancia de los controles
Otro de los aspectos señalados por el funcionario es la concentración del poder de compra en un grupo reducido de empresas.
Según su análisis, las cinco principales industrias tienen una influencia determinante sobre los precios pagados por la materia prima, situación que se ve reforzada por sus capacidades de almacenamiento y procesamiento.
En particular, mencionó los sistemas de estacionamiento acelerado, que permiten reducir los tiempos necesarios para disponer de yerba mate canchada y administrar la oferta industrial.
Maciel también expresó preocupación por la posibilidad de que se debiliten los registros estadísticos y los mecanismos de fiscalización del INYM.
Consideró que la información sobre producción, comercialización y calidad resulta indispensable tanto para los productores como para las propias industrias y los organismos estatales.
En ese marco, cuestionó una eventual reducción de los controles sobre las características del producto comercializado y planteó la necesidad de avanzar en sistemas de tipificación que permitan verificar el cumplimiento de la información declarada en los envases.
Reclamo para recuperar las facultades del Instituto
Frente a este panorama, el subsecretario sostuvo que la recuperación de las facultades regulatorias del INYM constituye una herramienta necesaria para evitar que las diferencias de poder económico continúen afectando a los sectores más vulnerables de la cadena.
También cuestionó el enfoque del Gobierno nacional de priorizar el abaratamiento de la yerba mate para los consumidores sin contemplar, según su postura, las consecuencias que la reducción de los ingresos tiene sobre los productores.
En la misma línea, puso reparos a la valoración oficial del crecimiento de las exportaciones, al señalar que los mayores volúmenes comercializados en el exterior no necesariamente se traducen en mejores ingresos cuando los valores de venta son inferiores a los registrados en años anteriores.
Maciel insistió en que la discusión debe superar las diferencias partidarias y concentrarse en la sostenibilidad de una de las principales economías regionales argentinas.
Para el funcionario, recuperar la capacidad de fijar precios mínimos permitiría restablecer una instancia formal de negociación entre compradores y vendedores, incorporando los costos reales de producción y las necesidades de cada sector.
El principal riesgo, advirtió, es que la continuidad de los precios deprimidos termine expulsando a pequeños productores y favoreciendo una nueva concentración de la actividad en manos de las empresas de mayor capacidad económica.