Crecen las tensiones entre los poderes públicos de Perú en medio de la inestabilidad política y el descontento social en el país. La apertura de una investigación sobre una presunta red de corrupción en el Ministerio Público, liderada supuestamente por la fiscal general, Patricia Benavides, abrió una nueva crisis en la nación, en la que terminaron involucrados la presidenta del país, Dina Boluarte, y el Congreso. Tras conocerse la apertura del caso, Benavides destituyó a la fiscal especial a cargo de la investigación y denunció ante el Congreso a Boluarte por cuatro muertes durante las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023.
Este lunes 27 de noviembre, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder de Perú (Eficcop) detuvo a uno de los asesores de la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, por un presunto caso de corrupción en el seno del Ministerio Público.
El asesor Jaime Villanueva Barreto fue detenido y su vivienda y oficina fueron allanadas este lunes, en medio de una investigación de Eficcop sobre la existencia de una red que presuntamente influía “ilícitamente en decisiones de congresistas”.
Miguel Ángel Girao Isidro, otro asesor de Benavides, y Abel Hurtado Espinoza, coordinador parlamentario, son señalados también de participar en la supuesta red.
Eficcop emitió este lunes las órdenes de detención y de allanamiento de una propiedad de Villanueva, junto con su oficina en el Ministerio Público y el registro de dos vehículos a su nombre. La orden también fue respaldada por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional tras resolver a favor de una solicitud del equipo especial.
Según fuentes consultadas por la emisora RPP, el objetivo de la presunta red criminal era influir “ilícitamente en decisiones de congresistas”. De acuerdo con los datos de Eficcop, mencionados por varios medios locales, asesores de la fiscal habrían pactado con algunos legisladores en casos como la elección del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; la destitución de la anterior fiscal de la Nación Zoraida Ávalos y un cese de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, organismo que puede cesar a Benavides.
Luego de conocerse la investigación en contra de su asesor, la fiscal Benavides destituyó a la coordinadora del Eficcop, Marita Barreto, y cesó de su cargo a Villanueva.
El abogado Luciano Flores indicó en su cuenta de X que asumirá la defensa de los derechos de Barreto y la de los coroneles de la Policía Nacional de Perú (PNP) Harvey Colchado y Walter Lozano, también miembros del Eficcop.
Flores aseguró que “no solo están en juego sus derechos como funcionarios probos. También lo está la democracia y la lucha contra la corrupción. Toca sumar”.
La fiscal general de Perú es denunciada en el Congreso
Ruth Luque, congresista de izquierda, presentó este mismo lunes una denuncia constitucional contra la fiscal general, luego de que trascendiera la investigación de la Eficcop.
En su cuenta de X, Luque afirmó haber denunciado en el Congreso a Benavides “por diversas infracciones a la Constitución y delitos”. “Su presencia al frente del Ministerio Público es una amenaza directa al principio de separación de poderes en el cual se funda nuestra democracia, ha pervertido las esferas jurídicas y políticas”, aseveró.
La legisladora adjuntó un documento en el que señala que la fiscal general “abusó de su condición y aprovechamiento de las facultades conferidas como representante del Ministerio Público (…) habría incurrido en la infracción de diversos artículos de la Constitución Política del Perú”.
Por su parte, Eduardo Arana, ministro de Justicia y Derechos Humanos, aseguró que está “sorprendido y preocupado” tras conocer la crisis que enfrenta el Ministerio Público peruano; al tiempo que instó a dejar que la fiscal Barreto, destituida este lunes por Benavides, continúe su investigación.
En Canal N, medio televisivo local, la congresista Luque añadió que lo “que ha sucedido es un desenlace del grave deterioro antidemocrático” al que se enfrenta el país.
Al tiempo, Luque también señaló que las fuerzas políticas en el Congreso “deben decidir de qué lado están”, en referencia a la expectativa de la reacción de los Poderes del Estado a lo ocurrido entre Benavides, sus asesores y el Eficcop.
Pablo Sánchez y Juan Villena, fiscales supremos de Perú, exigieron a Benavides su renuncia por estar supuestamente vinculada “en la realización de hechos graves sometidos a investigación penal”.
En una carta que difundieron Sánchez y Villena en los medios locales, le piden lo siguiente a la fiscal general: “Le exigimos que renuncie al cargo de fiscal de la Nación, a fin de no afectar la investigación que realiza nuestra institución”.
Ambos forman parte de la Junta de Fiscales Supremos –conformada por seis miembros– y añadieron que la investigación penal que se adelanta en contra de Benavides “no se condice con un desempeño debido de su cargo como máximo representante del Ministerio Público”.
La fiscal denuncia a la presidenta de Perú por muertes durante las protestas
Benavides se defendió en un pronunciamiento, acompañada por dos de los seis fiscales supremos, en el que dijo que la investigación es un “ataque premeditado” y un “intento torpe” de los “poderosos que no quieren ser investigados”.
Tras defender su gestión, anunció que entabló una denuncia en el Congreso contra la presidenta del país, Dina Boluarte, y el primer ministro, Alberto Otálora, por cuatro muertes durante las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023.
“Informo que he formulado una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra los ciudadanos Dina Boluarte y Luis Alberto Otárola”, aseguró Benavides.
La denuncia de Benavides señala a la actual jefa de Estado del país y a los tres exministros del Interior que ocuparon el cargo durante el auge de las manifestaciones: César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero. La fiscal general los acusa de presunta comisión del delito de homicidio calificado.
Con relación al caso que enfrenta Benavides por la investigación del Eficcop, la funcionaria aseguró: “Las últimas horas son una demostración de quienes no quieren ser investigados y tienen aún la capacidad de ejercer represalias contra la institución que represento. Con este acto torpe que pretende desestabilizar la independencia y autonomía del Ministerio Público utilizando para tal deleznable propósito el mecanismo de utilizar a algunos fiscales”.
Al tiempo, afirmó que continuará investigando a altos funcionarios relacionados presuntamente con las “trágicas muertes que ocurrieron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023” en las protestas y en otros “casos emblemáticos”.
El mes pasado, la Fiscalía peruana extendió por ocho meses adicionales la investigación que adelanta para esclarecer las muertes durante las manifestaciones.
Boluarte acudió a declarar por ese caso ante la Fiscalía el pasado 27 de septiembre, luego de reiterar las explicaciones que ya había dado en junio de este año sobre las decenas de muertes que ocurrieron durante las manifestaciones antigubernamentales; entonces pidió que se cierre la investigación –aún en curso– en su contra.
La mandataria peruana fue citada como parte de la investigación preliminar abierta en contra de ella y otras altas autoridades de su Gobierno por presunta comisión de los delitos de “genocidio”, homicidio calificado y abuso de autoridad, tras la muerte de al menos 77 personas en las movilizaciones, 49 de ellas en choques directos con las fuerzas de seguridad.
¿Qué pasará ahora?
Las denuncias en contra de la jefa de Estado de Perú solo pueden ser presentadas ante el Congreso, ya que es un caso registrado mientras ejercía su cargo como presidenta, por lo que será el Legislativo el que indique si la acepta a trámite y si, al tiempo, se toman decisiones respecto a los altos funcionarios implicados.
La Constitución peruana establece, en su artículo 117, que un presidente en funciones solo puede ser acusado por traición a la patria, por la disolución irregular del Parlamento o por impedir el funcionamiento de los órganos electorales, entre una lista de supuestos constitucionales.
A pesar de ello, la fiscal general denunció en 2022 a Pedro Castillo, entonces presidente del país. Según las explicaciones de la Fiscalía en aquel momento, este tipo de denuncias constitucionales son un procedimiento que posibilita determinar si personas con inmunidad han cometido delitos durante el ejercicio de sus funciones.
El Legislativo suspendió la plenaria prevista para el lunes; durante los próximos días el debate estará en si la institución debe dar continuidad a la denuncia contra Boluarte. Lo anterior representa una decisión que podría derivar a la crisis del país en un nuevo choque de poderes o la protección de la presidenta.
No solo está en juego el futuro de la presidenta, aún es incierto lo que pasará con las denuncias en contra de la fiscal Benavides y su presunto clan ilícito. La funcionaria podría ser destituida por la Junta Superior de Fiscales o por la JNJ.
En cualquier caso, los acontecimientos de estos últimos días en la esfera política peruana reflejan lo debilitados que están los poderes públicos en el país y lo que podría representar una crisis institucional en la nación latinoamericana.
Por Hugo Caro Jiménez-France24 con EFE y medios locales