La abogada Dolores Dolberg ingresó en 2016 y se retiró en 2018, luego ingresó en 2024 y se acogió a un segundo retiro este año para cobrar $12 millones por mes hasta su jubilación. Un año atrás, echaron 100 empleados de la entidad para "ahorrar"
En medio del ajuste fiscal más severo de las últimas décadas, un nuevo escándalo sacude a la administración pública nacional. La diputada Margarita Stolbizer presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para esclarecer una alarmante situación que involucra a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y a una funcionaria de alta jerarquía que habría cobrado beneficios millonarios bajo regímenes de retiro voluntario dos veces.
El caso gira en torno a la abogada Dolores Dolberg, actual secretaria del Consejo de Administración de la EBY, quien según resoluciones de los años 2018 y 2025, se acogió al programa de retiro voluntario de la entidad en dos ocasiones distintas, obteniendo en cada una de ellas beneficios millonarios.
En su primera salida, durante el 2018 y bajo la presidencia de la EBY del misionero Martín Goerling, Dolberg accedió a un retiro que le permitió cobrar cerca de 2 millones de pesos mensuales durante cuatro años. Sin embargo, tras el regreso del espacio libertario al poder, la funcionaria fue reincorporada por el nuevo director ejecutivo de Yacyretá, el macrista Alfonso Peña, dejando sin efecto los pagos pendientes del primer retiro.
La gravedad del caso no termina ahí. En esta segunda etapa dentro de la entidad, Dolberg fue contratada como la encargada de diseñar un nuevo esquema de retiro voluntario; un plan al que, paradójicamente, ella misma se acogió.
De acuerdo con la denuncia del sitio LPO, este segundo retiro le garantizaría un ingreso mensual de 12 millones de pesos hasta su jubilación. Un monto que no solo resulta desproporcionado frente al contexto económico nacional, sino que además evidencia un patrón de posible colusión y utilización de recursos públicos en beneficio personal.
La diputada Margarita Stolbizer, a través del proyecto 1120-D-2025, solicita información precisa sobre la situación laboral actual de Dolberg, los términos de su adhesión al nuevo programa de retiro y si su reincorporación y nuevo retiro no implican una manifiesta incompatibilidad funcional y ética. También pide explicaciones sobre los incumplimientos reiterados de la EBY respecto a la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, denunciando que la entidad mantiene su portal de transparencia con información desactualizada y opaca.
El pedido de informes no es solo un acto legislativo: es un grito de alarma frente a un mecanismo que, de confirmarse, revelaría el uso discrecional y autorreferencial del poder administrativo. “Estamos frente a un hecho de gravedad administrativa, institucional y política”, afirma Stolbizer en los fundamentos del proyecto, y remarca que la situación representa una clara muestra de funcionarios moldeando normativas para beneficiarse a sí mismos.
Lo paradójico -y políticamente explosivo- es que todo esto ocurre en el marco del discurso libertario de ajuste extremo.
El Gobierno de Javier Milei ha despedido a más de 40.000 empleados públicos, desfinanciado programas esenciales, paralizado la obra pública y reducido los beneficios para jubilados y adultos mayores. Frente a esta realidad, el caso Dolberg no solo indigna por la magnitud de los fondos involucrados, sino por la contradicción que representa con la retórica oficial de lucha contra “la casta” y los privilegios.
En la misma Entidad, Peña ha despedido a más de 100 trabajadores con el argumento de reducir el gasto público, pero, evidentemente, para los cercanos al macrismo hay excepciones.
¿Se trata de un caso aislado o de una práctica más extendida en los organismos públicos intervenidos por el oficialismo? Esa es una de las preguntas clave que busca responder la iniciativa parlamentaria. Pero más allá de la respuesta puntual, lo cierto es que la falta de transparencia en la gestión de recursos estatales se ha vuelto una constante preocupante en la actual administración.
Mientras miles de argentinos ven reducir su poder adquisitivo día a día, una cúpula selecta de funcionarios parece gozar de una situación de privilegio que no solo contradice la narrativa de austeridad, sino que erosiona gravemente la legitimidad del Estado y sus instituciones.
Es imperioso que el Congreso avance en este pedido de informes con celeridad. No se trata solo de investigar un caso individual, sino de restaurar un principio básico del republicanismo: que el Estado no es un botín, y que quienes lo administran están al servicio de la ciudadanía, no de sus propios intereses.
Cortaron subsidios al agua a relocalizados
A principios de año, la Entidad Binacional Yacyretá decidió, en forma intempestiva y unilateral, que no renovará el convenio con SAMSA mediante el cual se subsidiaba el consumo de agua a 240 familias de los barrios de relocalizados de la EBY.
Este beneficio que las familias perdieron, era parte de las compensaciones históricas que la Entidad se había comprometido a brindar por los daños causados: el desplazamiento de sus anteriores hogares para levantar el nivel del río, inundando la costa en el marco de la terminación de las obras complementarias de la represa. Eran beneficios de entre 7 mil y 27 mil pesos que cubrían parte del consumo del agua. Las familias tenían cubierta determinada cantidad de metros cúbicos cada mes y cuando se excedían de esos montos, pagaban la diferencia, pero desde este año, por decisión de Alfonso Peña, deben afrontar la tarifa plana.
La gran mayoría de estas familias, que fueron relocalizadas en los años 90 y principio de la década del 2000, está radicada actualmente en el barrio Yacyretá, pero también en los barrios A4, A-3-2, San Isidro y Yohasá. Corresponden a las chacras 92, 94, 102, 103, 111 y 112 Sección 15; las chacras 506, 507, 508, 509 Sección 05; chacras 1003 y 1004 Sección 10 y Chacras 1305 y 1306 Sección 13.
“A diciembre de 2024 el monto total del subsidio no era mayor a 4,8 millones de pesos, los que a la EBY, que tiene una recaudación millonaria en dólares, no le significan nada”, explicó uno de ellos que tiene conocimiento detallado de los números.
El mismo presidente de la EBY que le quitó el subsidio a las familias, es quien volvió a contratar por segunda vez y le concedió el retiro voluntario a la abogada Dolores Dolberg.
Fuente: Primera Edición